Resumen:
En octubre de 1982, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con otros organismos de derechos humanos hacen una presentación ante la justicia donde denunciaban que en el cementerio de Grand Bourg, ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires, habían sido inhumadas como N.N. personas que permanecían desaparecidas. Sostenían además que en dicha necrópolis que había inaugurado en 1976 se encontraban entre 300 y 400 cadáveres en esa condición. El caso del cementerio de Grand Bourg tuvo la particularidad de ser el primero en el que se denunció, aún en dictadura, la existencia de tumbas de N.N. donde estaban enterrados desaparecidos. Era la primera vez que, de forma masiva, el público que leía los periódicos tenía algún dato concreto de cuál podía ser el destino de los miles de personas detenidas-desaparecidas sobre los cuales sus allegados reclamaban sistemáticamente. La noticia de la investigación judicial sobre el posible hallazgo fue reproducida por todos los periódicos y su efecto fue disruptivo para muchos que empezaban a encontrarse los vestigios de la masacre emprendida desde el propio Estado en el seno mismo de la sociedad y que, sin embargo, había permanecido hasta ese entonces en un lugar relativamente marginal de la agenda pública. A partir de allí, las denuncias de inhumaciones irregulares en distintos cementerios del país se sucedieron una tras otra durante el tiempo que el régimen se sostuvo en el poder.En el presente trabajo nos abocaremos a explorar los registros burocráticos de la causa judicial de Grand Bourg para, a partir de ellos, tratar de comprender cómo se producían las inhumaciones irregulares durante los años de mayor intensidad de la represión clandestina (1976-1978). Específicamente nos interesa explorar cómo actuaban las burocracias estatales en el caso de los enterramientos de N.N. en cementerios municipales, una de las prácticas más extendidas, junto con los llamados vuelos de la muerte .
